En cualquier época del año las familias del norte y noroeste de la ciudad de Santa Fe padecen la falta de agua potable. Esta carencia impacta profundamente en la calidad de vida y obliga a desplegar estrategias de supervivencia que llevan al límite la dignidad de las personas. Lavar la ropa o bañarse a la madrugada, juntar agua en un balde para luego cocinar, o colocar una bomba de agua en la entrada de la casa, son algunas de las medidas que se toman para conseguir acceso al vital elemento.
Frente a este panorama - que se agrava en las temporadas de calor - las obras de ampliación de las plantas de agua potable son una respuesta necesaria e impostergable, que en el caso de las ciudades de Santa Fe y Granadero Baigorria, se concretaron con los proyectos desarrollados por ASSA con financiamiento del Estado nacional debido a la magnitud de los montos involucrados.
Sin embargo, las expectativas de mejoras en la provisión de agua potable para miles de familias santafesinas se verán nuevamente frustradas por la decisión del gobierno nacional de eliminar el financiamiento para las obras de ampliación de las plantas de agua potables iniciadas en Santa Fe y Granadero Baigorria.
En el rubro saneamiento y agua potable el único proyecto que figura en las planillas de la Secretaría de Obras Públicas del Presupuesto Nacional 2026 es la ampliación de la planta depuradora de líquidos cloacales de Rafaela con una previsión de $1.100 millones. Las obras en las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Granadero Baigorria tampoco aparecen incluidas en ninguno de los programas de la Subsecretaria de Asuntos Hídricos dependiente del Ministerio de Economía.
La obra de ampliación de la planta de agua potable de la ciudad de Santa Fe fue licitada en 2021 con un presupuesto inicial de $11.900 millones. Quedó a cargo de una UTE integrada por las empresas OBRING S.A., SUPERCEMENTO S.A.I.C. y BASAA S.A. y alcanzó un avance del 18% hasta la llegada de Javier Milei que paralizó los trabajos en el marco de la política libertaria de “obra pública cero”. En 2024 se retomaron los trabajos por algunos meses pero volvieron a quedar paralizados. Para entonces el presupuesto actualizado del proyecto era de $35.000 millones.
En el caso de Granadero Baigorria el desarrollo de la obra quedó a cargo de la UTE integrada por Werk Constructora, Del Sol Constructora e Hidrosan Ingenieria. Cuenta con un presupuesto inicial de $2.838 millones y el proyecto alcanzó un avance del 13%. Se espera que una vez finalizada su construcción esta planta potabilizadora beneficie directamente a 770.000 personas de los barrios del oeste de Rosario, Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, San Lorenzo, Funes, Gdor. Gálvez y poblaciones circundantes como Fray Luis Beltrán, Ibarlucea, Ricardone, Pérez, Puerto San Martín y Timbúes.
Como viene ocurriendo ante cada deserción del gobierno nacional la gestión de Maximiliano Pullaro sale a cubrirle las espaldas a Javier Milei anunciando inversiones provinciales que luego no se producen. Recientemente, el director de Aguas Santafesinas Darío Boscarol aseguró que “se ha regularizado la situación de los pagos y se están llevando a cabo acuerdos con la provincia para reiniciar los trabajos”, pero lo cierto es que al día de la fecha no existen certezas sobre el reinicio de la obra.
El gobierno nacional borró el proyecto del Presupuesto 2026 y aún resta concluir la negociación con las empresas sobre la predeterminación del monto de la obra.
En veinte meses de gestión está sobradamente demostrado que el gobierno de Javier Milei carece de un proyecto que sirva a las necesidades de las mayoría populares. Se mantienen atados al dogma del déficit cero recortando jubilaciones, beneficios sociales, educación, salud, recursos de las provincias y obra pública. Su política antinflacionaria es insostenible debido a la destrucción de empresas y empleos que provoca. Y para disimular el fracaso del programa libertario han recurrido al endeudamiento externo con el FMI, el BID y el Banco Mundial, más el apoyo de los fondos de inversión internacional que sacan extraordinarias ganancias de los negocios especulativos que les ofrece el ministro Caputo.
Las consecuencias de este nefasto experimento económico y social la pagaran las futuras generaciones de argentinos y argentinas, y en el presente, las familias que ven gravemente afectada su calidad y el acceso a servicios básicos como el agua por decisión de Javier Milei.
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