Esta semana el Ministerio de Economía informó que el Sector Público Nacional tuvo durante el mes de julio un resultado financiero negativo de 168.515 millones de pesos. Se trata del primer mes con déficit en lo que va de 2025, principalmente generado por el creciente peso de los pagos de deuda.
Hasta ahora el gobierno de la ultraderecha sostenía que el déficit era innegociable y para cumplir con ese propósito despidió 50.000 trabajadores públicos, mantiene por debajo de la inflación las jubilaciones y los salarios de médicos, docentes y servidores públicos en general; recorta las prestaciones por discapacidad; congela el presupuesto de las universidades, retiene recursos de las provincias, y paraliza la inversión en infraestructura.
Pese al impacto desastroso de estas decisiones, el gobierno de Milei tuvo la capacidad de imponer el relato de la motosierra como un camino inexorable. Pero mientras castiga con sus políticas a los sectores populares, trata con guantes de seda a los más poderosos. Desde que asumió decidió la reducción del impuesto a los Bienes Personales que pagan los más ricos, eliminó el impuesto PAIS, disminuyó de manera generalizada los aranceles a las importaciones, y recientemente aplicó una baja permanente de retenciones a las exportaciones minerales y agropecuarias.
En dieciocho meses se fumaron un gigantesco blanqueo de capitales y otro préstamo del Fondo Monetario; y ahora para mantener la ficción del equilibrio fiscal y el dólar barato habilitaron un festival de endeudamiento del Estado nacional con los bancos locales que va generando una montaña de intereses que se tendrán que pagar con más ajuste.
Según reveló el periodista Alejandro Bercovich, el monto de los nuevos intereses generados desde junio con el sistema financiero local es cuatro veces mayor que los pagos mensuales de jubilaciones.
Milei necesita que el ahorro para pagar la deuda que genera su modelo surja de las jubilaciones congeladas, la disminución de las prestaciones a las personas con discapacidad, el deterioro de los presupuestos de salud y educación, la apropiación de fondos de las provincias y la eliminación de la obra pública.
Y como este modelo no genera condiciones para mayor producción, consumo, trabajo ni inversiones productivas del sector privado, es difícil imaginar que pueda sostenerse en el tiempo sin provocarle mayores sufrimientos a la población. Cuando se achica la torta sabemos que el ajuste del presente se paga con un ajuste mayor en el futuro.
Las leyes que tiene en tratamiento el Congreso de la Nación son apenas una compensación frente a los recortes provocados desde diciembre de 2023. Y el rechazo a los vetos presidenciales es una decisión impostergable en defensa de las condiciones de vida de la sociedad argentina.
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