El procedimiento creado en 2011 para recuperar las mayores ganancias del sector de la construcción generadas por las intervenciones del Estado se encuentra desactualizado y desvirtuado en su aplicación. Desde su entrada en vigencia solo se aplicó en 44 casos frente a más de 6.000 permisos de edificación otorgados. Dos futuros concejales analizan el tema y proponen soluciones para una situación que agrava la inequidad social y territorial de la capital santafesina. Los casos de la Constructora CAM y la Cámara Argentina de la Construcción.
