ferroviarios de la Estación Belgrano, la ciudad real se las arregla como puede para enfrentar las consecuencias destructivas de la gestión de la ultraderecha al frente del Estado nacional.
La subasta de los terrenos ferroviarios impulsada por el gobierno nacional concentra la
atención de los grandes empresarios locales, sus instituciones satélites y buena parte de la dirigencia política local.
Nuestro Círculo Rojo y la alianza que gobierna la ciudad hacen un seguidismo sin crítica a la
decisión de Milei de vender al mejor postor las 24 hectáreas ubicadas al norte de la Estación
Belgrano, entre Avellaneda y Vélez Sarsfield hasta calle Calcena. La rebatiña es tentadora y cada sector compite con el otro para tratar de imponer su proyecto urbanístico sobre el sector habilitando, según el caso, la realización de emprendimientos comerciales, viviendas de lujo, parques y obras de infraestructura para los barrios aledaños.
Mientras esta competencia de intereses se desarrolla entre bambalinas, en la esfera pública se constituyen comisiones donde el gobierno local se compromete a hacer un desarrollo urbanístico. Las corporaciones de arquitectos e ingenieros, apoyan con concursos públicos de ideas. Y las universidades avalan el proceso con estudios especiales.
Frente a la oportunidad de nuevos negocios nadie señala que este proceso de enajenación de bienes públicos se inició sin consulta hacia los gobiernos locales y sin tener en consideración las necesidades de las comunidades.
Sin embargo, los terrenos que el gobierno de Milei busca subastar para que los aproveche el sector
empresario también podrían pasar del dominio público provincial o municipal y ser usados para proveer de equipamientos de salud, educación, espacio público, deporte o recreación a la población. La venta no es el único camino y el mercado inmobiliario no es el único destinatario posible.
De hecho, existen caminos alternativos a la subasta que entretiene (y entusiasma) al
intendente Juan Pablo Poletti y el Círculo Rojo local. Recientemente, el gobierno nacional propuso a través del Decreto 969/2024 un Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el Estado Nacional y las Provincias que habilita la compensación de deudas donde se podrían incluir los terrenos ferroviarios que se buscan subastar.
Explorar otras alternativas para la utilización de estos terrenos ferroviarios es una obligación
de la dirigencia política y una necesidad de los sectores populares de la ciudad. Frente a la crisis habitacional histórica y la expulsión creciente del mercado de alquileres, resulta
prioritario proponer otro uso para estos terrenos.
No se puede descartar el destino para vivienda social, incluso mediante mecanismos de
colaboración entre el sector público y privado a través de cooperativas u otras formas de
asociación. Incluso en el caso de construcción de nuevas viviendas un porcentaje (20 o 30 por ciento) debería permanecer en manos del Estado poder para ser volcado en alquileres y paliar
el déficit habitacional. Todo esto sin dejar de considerar la importancia de mantener la
infraestructura ferroviaria sin renunciar al potencial estratégico, logístico y de desarrollo que tiene este medio de transporte.
Intervenciones con estas características para gestionar el suelo urbano se están desarrollando en importantes ciudades latinoamericanas (San Pablo y Medellín, Bogotá, por ejemplo) donde existen instrumentos públicos de planificación que aprovechan la escasez de suelo bien conectado para diseñar acciones que combinan el desarrollo privado con políticas de vivienda
o de alquiler asequible.
En la ciudad de Santa Fe, por caso, existe un Banco de Tierras creado por ordenanza que fue
relegado como instrumento de políticas públicas locales.
Sin un debate estratégico sobre el uso del suelo urbano, donde intervengan las representaciones de los sectores populares de la ciudad, nos enfrentamos a ser testigos mudos de un proceso ya conocido: más torres para personas que no las necesitan construidas sobre terrenos públicos vendidos precio de regalo.
La otra ciudad
Desde el inicio de la gestión de Javier Milei la ciudad real se las arregla como puede para enfrentar las consecuencias destructivas de las políticas de la ultraderecha.
En once meses de gobierno libertario hemos padecido un fenomenal aumento de precios de los bienes de la canasta básica (alimentos, vivienda, medicamento, etc.); una caída de los ingresos reales de trabajadores y trabajadoras formales e informales, aumento de las tarifas de servicios públicos (transporte, agua, electricidad y comunicaciones); paralización de las obras de integración urbana en catorce barrios populares; deterioro de la cobertura social para personas jubiladas, enfermas o con discapacidad; congelamiento de planes sociales y partidas
para comedores comunitarios; cierre de comercios y empresas por la recesión; y reducción de
los aportes nacionales para cultura, educación e investigación científica.
Lo cual ha provocado un histórico aumento de la pobreza y la indigencia y una abrupta caída del consumo de los sectores populares.
Frente a este panorama los gobiernos municipal y provincial decidieron plegarse a los
lineamientos del ajuste del Estado y trasladaron hacia la población el impacto de las políticas de Milei y Caputto.
En nuestra ciudad, el intendente Juan Pablo Poletti redujo las intervenciones municipales en el
territorio, suspendió durante seis meses el apoyo a comedores y merenderos, abandonó obras
públicas emblemáticas como la transformación del canal a cielo abierto de Camino Viejo a
Esperanza, y privatizó el servicio de alumbrado público.
Todo esto con aval de un Concejo Municipal que sigue funcionando como escribanía de las pocas iniciativas que impulsa el Intendente. Como pocas veces se ha visto, el poder en la ciudad se encuentra concentrado en pocas manos que hacen y deshacen sin control lejos de la
mirada de la población.
Por acá pasa la tarea de la militancia popular: construir espacios y herramientas políticas nuevas que nos permitan democratizar el poder para poder decidir sobre el presente y el futuro de nuestras vidas.
