Publicado en revista El Sector - Septiembre de 2018.
El ajuste en la Argentina de Cambiemos se expande, acompañando la cotización del dólar, desde el Estado nacional hacia las provincias, y de ahí, hacia ciudades y pueblos de todo el territorio. Cada salto en el valor de la moneda norteamericana se traduce en nuevas medidas de recorte de los presupuestos públicos que buscan asegurar recursos para garantizar el pago de la gigantesca deuda externa que contrajo la administración de Mauricio Macri desde que asumió en diciembre de 2015.
Cuando los grandes bancos internacionales le informaron a los funcionarios argentinos que el crédito se terminó, la gestión del ministro Nicolás Dujovne aceleró de recortes del gasto público. Primero congelaron vacantes en la administración nacional y suprimieron algunos viáticos. Después, en una sucesión de tropezones políticos que pusieron al país al borde de la parálisis, alumbraron un conjunto de decisiones que nos aseguran una larga recesión, desempleo y mayor exclusión social.
Con el objetivo de lograr una reformulación del acuerdo inicial alcanzado en junio con el Fondo Monetario, el gobierno tomó medidas para incrementar los recursos del Estado nacional, a expensas del sector privado y trasladando un enorme esfuerzo fiscal al conjunto de los estados provinciales.
La presión sobre las Provincias para que asuman con sus recursos funciones que están a cargo del Estado nacional es uno de los ítems principales del acuerdo original con el Fondo Monetario. Ahora, en la nueva etapa de renegociación, la exigencia del ajuste para el interior se redobló con propuestas que pueden significar el colapso de algunas economías regionales y el incremento de la conflictividad social.
De acuerdo a un informe publicado por el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que dirige el economista Claudio Lozano, el ajuste que el gobierno nacional busca imponerle a las provincias, adelantando el objetivo de llegar al déficit cero en el ejercicio del próximo año, implica en valores de 2018, una reducción del gasto primario de $99.184 millones. Si a esto se suma la pérdida de ingresos por reducción de transferencias nacionales no automáticas, el ajuste alcanza, en valores de 2018, los $177.740 millones.
Ahora bien, considerando el efecto de la eliminación de las transferencias por el Fondo Sojero ($14.380 recibidos de enero a julio de 2018), el ajuste total que deberán realizar las provincias superaría los $192.120 millones.
Pero los problemas para las Provincias no terminan acá. Como ya dijimos, el gobierno nacional pretende eliminar su aporte para el sostenimiento de la tarifa social de electricidad, y apropiarse de los subsidios para el transporte de pasajeros que se recaudan a través del impuesto a los combustibles.
Transporte
En la mesa de negociación de los gobernadores con el gobierno nacional por el Presupuesto 2019, aparece en un lugar destacado el cese de las transferencia de subsidios para el transporte automotor de pasajeros.
Estos recursos son una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles y se distribuye entre las empresas que prestan servicios urbanos e interurbanos. De acuerdo al seguimiento del gasto publico nacional que realiza la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), hasta el 31 de julio pasado se habían distribuido hacia todas las provincias $25.660 millones del Fondo Fiduciario SISTAU y $8.814 millones para compensación del precio del combustible. Se estima que hacia fin de año el monto distribuido por estos subsidios alcanzaría los $45.000 millones.
Gracias a estos subsidios las tarifas de transporte público se mantienen en valores manejables para la población. Desde que se conoce esta intención del gobierno nacional, las provincias han advertido que no están en condiciones de hacerse cargo de estos aportes, que ser eliminados, implicarían un importante aumento del costo del boleto.
En Rosario, por ejemplo, la Secretaria de Transporte, Mónica Alvarado, anticipó que la quita de subsidios llevaría el boleto a $26. En Chaco, el Vicegobernador Daniel Capitanich alertó que el boleto subiría hasta $35; y en Tucumán, el gobernador Juan Manzur estimó que el pasaje se ubicaría entre $34 y $36.
En tanto, en la ciudad de Santa Fe, el Concejo Municipal resolvió congelar la tarifa del boleto único del transporte urbano de pasajeros hasta el 31 de diciembre de 2018.
Tarifa social eléctrica
Otra medida de fuerte impacto económico y social es la eliminación de los aportes nacionales para sostener la "tarifa social" para los consumos residenciales de electricidad. Este recorte fue anunciado en primera instancia por el Ministro Dujovne, aunque luego la decisión fue relativizada por su colega de Interior, Rogelio Frigerio, encargado de las negociaciones con las provincias por el Presupuesto 2019.
Pero lo cierto, es que la eliminación de este subsidio sigue en la agenda de las negociaciones y las distintas distribuidoras eléctricas que operan en las provincias hacen cálculos sobre el impacto económico y social que una medida de esta magnitud podría tener sobre los sectores más vulnerables de la población.
En Santa Fe, por caso, la Empresa Provincial de Energía tiene su propia tarifa social que alcanza a 140.000 jubilados que cobran la mínima, mientras que otros 210.000 usuarios son beneficiarios de la tarifa social sostenida con subsidios de la Nación.
Antes de conocerse la intención nacional de eliminar el subsidio para la tarifa social, el gobierno de Santa Fe resolvió que el aumento de la energía eléctrica mayorista resuelto en agosto por la Nación, no sería trasladado a los usuarios de la EPE.
Otras formas de ajuste
Mientras se discuten las metas macroeconómicas del 2019 y los alcances del recorte de gastos en los presupuestos nacionales, provinciales y municipales, la gestión de Mauricio Macri viene produciendo un fenomenal achique del gasto en las áreas de obras públicas, educación, salud y políticas sociales.
En caso de la provincia de Santa Fe, hasta junio de esta año, la Nación ha recortado fondos para programas de refuerzo alimentario, formación docente, prestaciones para beneficiarios de pensiones no contributivas y asistencia personas con discapacidad.
También ha efectuado una disminución importante en los aportes comprometidos para gastos de capital, particularmente en las obras del nuevo Hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe, el Hospital Central de Reconquista, los programas de la Secretaria de Hábitat, obras hídricas y construcción de viviendas sociales.
Pero la poda de recursos no queda solo en los compromisos asumidos con la Provincia, también afecta a la Municipalidad de Santa Fe conducida por el radical de Cambiemos José Corral.
Lo que sucede en la capital santafesina es notable. El gobierno nacional comprometió recursos por $1.246 millones, pero al 30 de junio, según datos de la propia municipalidad, solo recibieron $354 millones (28% de lo presupuestado). Este recorte ha significado la parálisis de varios proyectos importantes, que derivaron en conflictos gremiales de magnitud y crecientes quejas de los vecinos afectados por la obras inconclusas. Pero además, los recortes afectan el programa de mejoras de la red vial y el alumbrado público, obras hídricas, programas de desarrollo turístico y convenios para el empleo joven.
Autor: Pablo Bosch
Publicado en revista El Sector - Septiembre de 2018.
No hay comentarios:
Publicar un comentario