Revista El Sector - Mayo de 2017
El miércoles 3 de mayo pasado, el presidente Mauricio Macri estuvo en la ciudad de Santa Fe para inaugurar la obra del Metrobus sobre avenida Blas Parera. Se trata de una remodelación integral a lo largo de 6 kilómetros de esta arteria troncal, que incluye un carril exclusivo para colectivos, nuevas paradas, iluminación LED, bicisenda y semaforización. La visita incluyó una recorrida a pie dentro de una zona vallada, paseo en un coche de la línea 5 con pasajeros seleccionados y conferencia de prensa rigurosamente vigilada.
Las prevenciones de los funcionarios nacionales y locales de Cambiemos tenían su fundamento. El día de la inauguración la fiscal Carolina Parodi envió un oficio a la Municipalidad de Santa Fe solicitando información sobre los funcionarios responsables de la obra del Metrobus, en el marco de una investigación penal sobre la muerte de un motociclista ocurrida en octubre de 2016 cuando impacto contra tachos rellenos de piedras ubicados sobre la calzada sin señalización.
El pedido de la fiscal le quito pompa a la visita presidencial y coronó una previa cargada de tensiones donde se discutieron públicamente las bondades y los perjuicios provocados por la obra del Metrobus, con el Concejo Municipal, como principal caja de resonancia de las quejas de comerciantes, industriales y vecinalitas de la zona norte de la ciudad.
Frente a concejales oficialistas y opositores, representantes de diferentes sectores sociales alcanzados por la obra advirtieron sobre futuros problemas por la falta de previsión de determinados giros a la izquierda, limitaciones para la carga y descarga de mercadería en comercios ubicados sobre la avenida, y el mal estado de las calles transversales al remozado trazado vial. El encuentro termino con pocas sonrisas, algunos rostros duros y promesas de solución que deberán verificarse con el paso del tiempo.
Los cierto es que la reciente presencia de Mauricio Macri en Santa Fe estuvo lejos de transformarse en la jornada de fotos amigables y aplausos que los radicales de Cambiemos esperaban.
Los 137 millones de pesos invertidos en el Metrobus no alcanzaron para satisfacer las expectativas de los vecinos directamente beneficiados por la obra. Faltó comunicación con los vecinos, no se consultó a los interesados en el momento apropiado y las autoridades desaprovecharon mecanismos de participación que tiempos de campaña electoral reivindicaban.
Más de un botón de muestra
Los cuestionamientos surgidos con la construcción del Metrobus se suman a otros reclamos que involucran distintas obras que se desarrollan en la ciudad. En barrio Santa Rosa de Lima una obra de cloacas ocasionó hundimientos de calles y dispersión de aguas servidas. En el coqueto Guadalupe otra obra de saneamiento provocó roturas de caños de agua, cloacas y de gas. En otro sector de la ciudad, la construcción de un cordón cuneta derivó en que el agua de lluvia de la calle en lugar de escurrir hacia los desagües entraba a las viviendas por los caños recién colocados.
Lo llamativo es que a medida que avanza el ambicioso plan de obras públicas en la ciudad, crecen los reclamos vecinales, por defectos en los proyectos que provocan daños o perjuicios en el entorno de los trabajos. Y todo esto sucede de la mano de una gestión municipal que reivindica en su discurso la planificación estratégica y la participación ciudadana.
En efecto, en 2008, al momento de presentar el Plan de Desarrollo Santa Fe 2020, el intendente radical Mario Barletta sostuvo "este plan implica poner en marcha un proceso de construcción de confianza de la población a partir de las acciones de un gobierno comprometido en crear un ambiente de convocatoria y participación con la convicción de que cada decisión y cada proyecto, al momento de llevarse a cabo, cuente ya con el consenso de los actores sociales involucrados."
El tenor de las quejas vecinales pone en la superficie, en primer lugar, la limitada capacidad de control de las autoridades municipales sobre el trabajo de las empresas contratistas. Pero también deja al descubierto lo lejos que están algunas prioridades de la gestión de las demandas de la población.
La construcción de esta distancia es directamente proporcional al debilitamiento de algunos instrumentos de participación que se pusieron en práctica a partir de la llegada al gobierno del Frente Progresista en 2007. En aquella coyuntura, los santafesinos tenían sobre sus espaldas las consecuencias de dos inundaciones provocadas por efecto del cambio climático y la desidia criminal de los gobernantes del Partido Justicialista que dejaron inconclusas obras defensa y recortaron recursos para el mantenimiento de desagües y estaciones de bombeo.
Una de las respuestas de la nueva gestión fue la implementación del Presupuesto Participativo. Se decía por entonces que "información, transparencia y participación ciudadana son claves en los gobiernos abiertos y participativos para mantener la confianza y credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones y gobernantes."
Este mecanismo comenzó a implementarse en 2008, en 20 barrios de la ciudad, que tuvieron la oportunidad de intervenir seleccionar y poner a votación entre los vecinos un conjunto de obras emblemáticas reclamadas por cada sector.
Con el correr del tiempo el programa fue perdiendo impulso y la participación entusiasta dio paso a la decepción. Con la llegada de José Corral a la intendencia en 2011, este mecanismo de intervención ciudadana fue definitivamente desactivado, y varias obras votadas por los vecinos no llegaron a concretarse.
Control social de obra pública
El 6 de noviembre de 2008, el concejo Municipal de Santa Fe sancionó por unanimidad la Ordenanza 11.542, por la cual se creaban, las Juntas de Veeduría Ciudadana de Obras Públicas.
Estas "Juntas" tendrían como objetivo "participar en el proceso de control social de la ejecución de las obras públicas que lleve adelante el Municipio por administración o por licitación", siempre y cuando no se trate de trabajos contratados para el mantenimiento de lo ya existente.
La ordenanza establece que estarán integradas como mínimo por cinco miembros, representantes de: las Asociaciones Vecinales con domicilio en la jurisdicción de la obra, organizaciones no gubernamentales, colegio profesional con incumbencias afines al proyecto en cuestión, y un verificador de obra designado por el Municipio.
Al momento de votarse la ordenanza, el concejal Luciano Leiva (PJ) sostuvo que la iniciativa "ha sido trabajado por los bloques de este Cuerpo, ha sido consultado con el Ejecutivo y ha sido también consultado con los colegios profesionales de arquitectura, de ingeniería civil y de ingenieros especialistas."
Para el concejal Leiva, la creación de estas "Juntas" era pertinente porque "los actores consultados lo han recibido con beneplácito y han manifestado que esto viene a llenar una necesidad, porque es una forma de canalizar una serie de inquietudes que pueden aparecer al momento de realizarse la obra pública y que de otra manera es más difícil establecer".
En un sentido similar, se manifestó la concejala Noelia Montaño (ARI) remarcando que "en el proceso de una obra pública falta la mirada crítica, responsable y oportuna de los vecinos que son los mejores controladores de lo que realmente se realiza."
La posibilidad de realizar un "control social" de la obra pública existe en varios países de América latina, en provincias y ciudades argentinas. Su aplicación ha fortalecido procesos de transformación urbana, y en algunos casos con en la ciudad de La Plata, habilitó la participación ciudadana en el seguimiento de las obras de reconstrucción tras la inundación de 2014.
Sin embargo, en la ciudad de Santa Fe el "control social" de la obra pública es letra muerta y desde la aprobación de la Ordenanza 11.542 nunca se constituyó una Junta de Veeduría Ciudadana de Obras Públicas, según admitieron las propias autoridades municipales ante una consulta de El Sector.
Lo que en definitiva se pone en discusión es la capacidad que tienen los vecinos (ciudadanos) de opinar y decidir sobre el futuro de su barrio y su ciudad o hacer oír su voz para que los proyectos estratégicos de sus territorios mejoren la calidad de vida de todos.
Acotación al margen
El pliego de bases y condiciones de la obra del Metrobus contempla la realización de un "Plan de Mitigación" para disminuir los impactos negativos causados por la realización y operación de la obra, para lo cual, la empresa contratista deberá implementar un "Plan de relaciones con la comunidad", que entre otros objetivos, deberá "mantener informada a la población por donde se ejecutará la obra (...) consensuar los posibles inconvenientes y molestias (...) y evitar además posibles accidentes por el incremento de tránsito en el sector, particularmente del tránsito pesado y maquinarias viales."
Especificaciones técnicas generales para control ambiental. Página 104. Pliego de Condiciones Particulares. Licitación Pública N°24/2016. MSF.
Publicado en Revista El Sector - Mayo de 2017
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