El conflicto por el derecho a la ciudad

La reciente toma de terrenos en barrio Ciudadela Norte vuelve a poner en el debate público unos de los conflictos más urgentes que atraviesa a las ciudades argentinas. La disputa por el suelo urbano enfrenta a distintos sectores sociales que pugnan por intereses encontrados en una sociedad desigual. El actual proceso electoral debería ser el escenario propicio para debatir entre las fuerzas políticas el modelo de ciudad que estamos construyendo.

Una de las facetas de este conflicto se refleja en la estadística judicial. Cada año se inician en los Tribunales de Santa Fe alrededor de 500 denuncias por usurpación, en un abanicó de situaciones, que abarcan desde disputas familiares hasta demandas sociales no resueltas por el derechos a la vivienda.

Esta situación la venimos encontrando en las reuniones de campaña que estamos realizando en los distintos barrios de la ciudad. Se multiplican por decenas los terrenos vacíos que son loteados informalmente y que al poco tiempo se transforman en un asentamiento de viviendas.

Cada una de estas situaciones nos hace reflexionar sobre el sentido que tiene en la actualidad el Artículo 15 de la Constitución Provincial cuando define que “la propiedad privada es inviolable y solamente puede ser limitada con el fin que cumpla una función social”.

Sobre todo en una ciudad, donde el 20% de las viviendas se encuentran desocupadas según los datos del Censo 2010, y donde además, el 4% de los contribuyentes de la Tasa General Inmobiliaria concentra el 20% de las propiedades registradas, según datos aportados por la Municipalidad de Santa Fe.

Mientras miles de familias pugnan por la vivienda propia o pagan alquileres desfasados de sus ingresos, un reducido número de personas y empresas tienen a su nombre entre trescientas y seiscientas sesenta propiedades cada una.

Pero también es necesario señalar que esta realidad desigual no se construyó de la noche a la mañana, sino que es el resultado del proceso histórico concreto en el que nos toca intervenir.

Por ello, consideramos que es justo, necesario, oportuno e impostergable que el Estado municipal tenga un rol más decido para garantizar el acceso al suelo urbano y la vivienda de los sectores sociales más vulnerados en sus derechos. En este sentido, en los próximos días presentaremos una propuesta tendiente a fortalecer la capacidad de intervención del Banco de Tierras creado por la Ordenanza 11.952, como un aporte en el marco del debate de esta campaña electoral

Pero sabemos que la transformación de esta realidad, solo será posible si las fuerzas políticas populares y progresistas somos capaces de contrapesar los intereses privados que dominan la planificación inmobiliaria de la ciudad.