En marzo de 2008 el Concejo Municipal de Santa Fe aprobó la Ordenanza 11.452 que dio origen al Programa de Entrenamiento y Capacitación Laboral. En un principio, este programa fue pensado como un instrumento necesario para incorporar a la estructura municipal a un gran número de beneficiarios de planes sociales que cumplían tareas en distintas áreas del municipio bajo condiciones de severa precariedad.
Cuando inició la gestión el radical Mario Barletta, integrando en ese momento el Frente Progresista, se encontró con una situación desquiciada en la administración municipal, tras 24 años de gobierno del Partido Justicialista. Valiéndose de este programa se logró la incorporación de más de 200 beneficiarios de planes sociales que estaban prestando servicios en el municipio santafesino.
Este programa tomaba como referencia el sistema de pasantías y su modalidad de contratación comenzó a ser conocidas como "las practicancias". En principio se estableció un período de práctica de 6 meses, que podía renovarse hasta dos años. Al finalizar el mismo, se suponía que el trabajador quedaba en condiciones de participar de los concursos de ingreso a la municipalidad, o bien, conseguir un empleo en la actividad privada.
Sin embargo, ya en el año 2010, algunos trabajadores "practicantes" se animaron a denunciar públicamente la situación de precariedad en la que se desempeñaban dentro de la Municipalidad de Santa Fe. Oscar Suárez, por ejemplo, le dijo al diario El Litoral que los funcionarios se “aprovechan de los practicantes para que hagan el trabajo que el personal de planta no quiere hacer por distintas razones. Queremos saber hasta cuándo vamos a trabajar en estas condiciones. Hicimos horas extras durante los temporales y nos consideran contratos basura”.
El trabajador habló en nombre propio y de sus compañeros y que "nos sentimos menospreciados, hace un tiempo nos abonaron 100 pesos de aguinaldo (año 2010) y nos aclararon que no estaban obligados a pagarlo, nos pidieron que colaboremos para la carrera del TC 2000 por 400 pesos, que no nos pagaron nunca; tampoco las horas extras que hacemos en trabajos que el personal de planta no quiere hacer”, insistió.
A partir de denuncias como esta, y de otros casos que fueron surgiendo en los medios de comunicación de la ciudad, el gobierno municipal propuso una solución simple: prorrogar por otros dos años la duración y el plazo máximos de las practicancias. El pedido fue avalado por el Concejo Municipal a través de la Ordenanza 11.689 aprobada en mayo de 2010.
Durante el debate de esta prórroga, el concejal Luciano Leiva (PJ) advirtió que "esta gente (por los trabajadores) no puede convertirse, insisto, y quiero que quede clara mi manifestación en este sentido, en un eterno practicante, como son eternas las pasantías, que no son pasantías en la mayoría de los casos, como son eternos los contratos. Entonces no legalicemos lo ilegal, no hagamos como normal lo que no es regular y tratemos de darle a la gente los derechos que les corresponden".
En un sentido similar al del concejal, desde el sindicato de empleados municipales - ASOEM - estimaban que en la Municipalidad de Santa Fe prestaban servicios 1.300 trabajadores precarizados bajo la modalidad de pasantías o practicancias.
Dos años después, la prorroga votada por el Concejo venció y la solución encontrada por el municipio fue extrema: permitir que los contratos de los practicantes carezcan de plazo máximo de duración y puedan ser renovados cuantas veces quiera el Intendente.
Así fue que el Concejo Municipal de la ciudad aprobó una nueva ordenanza de prórroga para las "practicancias" sin plazo ni límite de tiempo. Durante el debate legislativo en 2012, la concejala oficialista Fani Jara, argumentó que "se trata de una iniciativa que responde al programa Trabajo Decente que busca la promoción de empleo y desarrollo económico local. Los practicantes aprenden un oficio en los puestos reales de trabajo realizando tareas comunitarias de alto impacto social, también como mantenimiento de espacios públicos, limpiezas de desagües, por nombrar algunas de las labores que realizan los practicantes".
Desde la oposición no hubo replica, salvo la exposición del concejal justicialista Roberto Campanella, que antes de votar a favor de la prorroga sin límites, advirtió sobre "el uso de que se hace del mismo y por la precariedad que tiene esta situación desde el punto de vista jurídico-laboral, donde por ahí hay gente que está prestando servicios que no le corresponden".
Pero a pesar de las denuncias y los datos que indicaban que los practicantes constituían una porción importante de la planta de personal municipal, el Concejo Municipal eludió el problema y le otorgó al intendente José Corral la herramienta que necesitaba para profundizar una política de recursos humanos apoyada en la precarización laboral de casi un tercio de los trabajadores municipales.
En la actualidad, a seis meses de la finalización del segundo mandato como intendente de José Corral la situación de los trabajadores precarizados en la Municipalidad de Santa Fe es explosiva aunque por ahora silenciosa. Distintas fuentes sindicales y legislativas estiman que la cantidad de "practicantes" oscila entre 1.300 y 1.500, dado que no existe información oficial accesible y en el presupuesto municipal no se refleja esta modalidad contratación de personal.
De todos modos, es importante tener en cuenta que la planta de personal de la Municipalidad de Santa Fe se compone de 3.120 trabajadores de planta permanente, 520 temporarios, 104 autoridades de gobierno y 190 asesores de gabinete. Esto significa que los trabajadores precarizados representan alrededor del 35% del personal municipal, según datos de la última Cuenta de Inversión aprobada correspondiente al año 2017.
Como se puede observar, se trata de una situación de magnitud descomunal que compromete la gobernabilidad de la futura gestión municipal en Santa Fe, y condiciona cualquier decisión que se quiera tomar por las consecuencias económicas, laborales y sociales que se ponen en juego.
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