Miles de familias santafesinas pugnan por la vivienda propia o pagan alquileres desfasados de sus ingresos, mientras un reducido número de personas y empresas tienen a su nombre entre trescientas y seiscientas sesenta propiedades cada una.
Por estas razones, consideramos que es justo, necesario, oportuno e impostergable que el Estado municipal tenga un rol más decido para garantizar el acceso al suelo urbano y la vivienda de los sectores sociales más vulnerados en sus derechos.
Y para ello sostenemos que es necesario fortalecer la capacidad de intervención del Banco de Tierras, creado por la Ordenanza 11.952 en en año 2012, dotándolo de mayores recursos para que pueda cumplir efectivqamente con sus funciones.
Estos nuevos recursos deberán surgir de una mayor progresividad de la Tasa General Inmobiliaria, incrementando la alicuota de manera creciente en función de la cantidad de propiedades que tenga registradas cada contribuyente; y aplicando una sobretasa cuando se trate de una vivienda en condiciones de ser habitada pero que se encuentra desocupada.
Sabemos que la transformación de esta realidad solo será posible si las fuerzas políticas populares y progresistas somos capaces de contrapesar los intereses privados que dominan la planificación inmobiliaria de la ciudad.
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