El diputado Carlos del Frade presentó un proyecto de ley para la creación del Servicio Público de la Escritura Social. La iniciativa desarrolla un dispositivo legal e institucional permanente del Estado santafesino para garantizar el acceso pleno y gratuito al título de propiedad de la vivienda única de uso familiar a quienes durante décadas han vivido en la informalidad.
La informalidad dominial en la Provincia de Santa Fe no es un fenómeno marginal, sino un problema estructural que afecta directamente la dignidad humana y la seguridad jurídica de nuestra gente. Los datos oficiales del Registro Nacional de Barrios Populares confirman la existencia de 341 barrios populares en territorio santafesino donde habitan unas 100.000 familias, de las cuales más de 35.000 corresponden al Gran Rosario y cerca de 24.000 al Gran Santa Fe. En la totalidad de estos asentamientos la tenencia de la tierra se ejerce de forma precaria, mediante la posesión de hecho o boletos informales.
Pero el problema no se agota allí, ya que al sumar los loteos sociales históricos sin planos de subdivisión, las viviendas construidas por el propio Estado que nunca fueron escrituradas y los loteos particulares irregulares de la trama urbana consolidada, distintas fuentes académicas y estatales estiman que entre el 15% y el 20% de las viviendas de la provincia presentan deficiencias registrales, alcanzando a un universo potencial superior a los 180.000 hogares.
Para cualquier familia de los sectores populares, acceder a la escritura por la vía del mercado privado resulta materialmente imposible. Un trámite ordinario exige contratar un agrimensor para confeccionar un plano de mensura individual con un costo de mercado que ronda los $800.000 pesos entre honorarios y aportes, sumado a la intervención de una escribanía privada, impuestos de sellos y tasas registrales que demandan más de $1.200.000 pesos adicionales. Exigir a una familia trabajadora desembolsar más de dos millones de pesos para escriturar su casa equivale en la práctica a negarle el derecho a la propiedad.
A esta barrera económica se le suma una limitación institucional: el esquema tradicional desarrollado por el Estado provincial y los municipios se apoya principalmente en convenios arancelados con los colegios profesionales de escribanos y agremensores, atando la política pública de hábitat a la disponibilidad de partidas presupuestarias fluctuantes, a las negociaciones corporativas anuales y las limitaciones en la carga de trabajo de los equipos de trabajadores públicos.
Esta iniciativa no desconoce el camino recorrido ni pretende partir de cero. Valoramos y buscamos jerarquizar la enorme labor desarrollada por la Dirección Provincial de Regularización Dominial y los equipos de de Hábitat del gobierno de la provincia y municipios; quienes a partir de la aplicando la Ley Pierri y los sucesivos programas provinciales y locales han entregado entre 25.000 y 30.000 escrituras sociales en los últimos quince años.
Sin embargo, los límites del marco actual impiden dar un salto de escala frente a una demanda tan masiva. Los ritmos actuales de escrituración son insuficientes para saldar una demanda acumulada de 180.000 viviendas, y la falta de capacidad operativa propia para realizar planos de mensura masivos genera cuellos de botella que dilatan los trámites durante años.
Por este motivo, el proyecto de Carlos del Frade busca fortalecer la estructura pública existente transformando la regularización dominial en un Servicio Público Estatal, dotado de presupuesto propio sustentado por el Impuesto a los Sellos y las tasas retributivas del mercado inmobiliario, y respaldando la tarea de agrimensores y escribanos de la planta permanente del Estado capaces de mensurar y titular de oficio. Para garantizar la operatividad real del sistema, la ley establece de forma clara la inmunidad disciplinaria de los profesionales estatales ante eventuales sanciones de los colegios profesionales, reafirmando la primacía de la función pública por sobre las exigencias corporativas.
El impacto de entregar una escritura pública va mucho más allá de un trámite administrativo. El título de propiedad otorga seguridad jurídica absoluta, elimina para siempre el fantasma del desalojo y consolida a la familia en su lugar. Al mismo tiempo, la norma dispone la afectación automática del inmueble como vivienda protegida, blindando el techo familiar frente a cualquier contingencia económica.
Una familia con título firme invierte en su casa, accede al crédito formal para refacciones, se conecta a las redes de servicios públicos e integra formalmente su barrio a la ciudad. Democratizar la propiedad es la forma más concreta de consolidar la justicia social en Santa Fe.
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