El proyecto de reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei significa una abierta mercantilización de la representación política nacional. La propuesta ingresó al Senado de la Nación el 24 de abril pasado y esta semana inició su recorrida por las comisiones. Ver proyecto.
En simultaneo, la Cámara Nacional Electoral convocó al Consejo Consultivo de Partidos Políticos para que los funcionarios de la Dirección Nacional Electoral presenten los lineamientos principales de la propuesta libertaria.
La reforma electoral de Javier Milei contempla la eliminación de las Primarias Abiertas Simultaneas Obligatorias y modificaciones significativas al financiamiento de las campañas, y las condiciones para la participación de las minorías.
El proyecto propone aumentar el límite de aportes privados (personas o empresas) del 2% al 35% del presupuesto total de cada campaña electoral. También pretenden eliminar los topes de gastos de campaña y la obligación de informar públicamente el origen de los aportes en la plataforma de aportantes desarrollada por la justicia electoral nacional.
La eliminación de las restricciones al financiamiento empresario de las campañas se complementa con la libre contratación de publicidad por parte de los candidatos, sin topes ni plazos. Buscan instalar la práctica de la campaña permanente para quien pueda pagarla.
Pero además, el proyecto libertario busca dejar fuera del juego electoral a las fuerzas políticas alternativas a los intereses del mercado, eliminando el financiamiento público de las campañas y el acceso gratuito a espacios en radio y TV. Los partidos más chicos, o los candidatos sin apoyos empresariales, quedan casi sin herramientas para competir o hacerse visibles.
De avanzar esta propuesta los sectores empresarios estarán en condiciones de tomar el control total de la representación política definiendo a partir de la fuerza del dinero quien puede o quien no puede participar en un proceso electoral.
Con el financiamiento privado de las campañas liberado, la eliminación de los aportes públicos y sin garantías de acceso de los candidatos a los medios de comunicación, el gobierno libertario busca alcanzar el control de la oferta electoral y diseñar un sistema político a la medida de los intereses del gran empresariado.
Un golpe mortal a la democracia y la representación popular.
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