Desde hace algunas semanas la mirada de periodistas, funcionarios y legisladores se posó nuevamente sobre la ruinosa privatización del Banco de Santa Fe, realizada por la gestión del Partido Justicialista en 1998. Uno de los puntos de atención pasa por la posible reapertura de la investigación penal en el ámbito de la justicia federal. ¿La justicia provincial puede hacerse cargo de la investigación? Hasta ahora solo se dispuso realizar nuevamente el cálculo de los plazos de prescripción. La discusión de fondo no se ha resuelto y la posibilidad de impunidad sigue latente.
En esa dirección se orientaron la acciones del ex fiscal federal Walter Rodriguez cuestionando la inacción del otro Rodriguez, Reinaldo, a cargo del juzgado federal Nº 1 de nuestra ciudad. Las presentaciones del fiscal y el aporte de la Procelac alcanzaron para frenar la prescripción de la causa, mientras se aguarda el momento de la discusión de fondo sobre el pedido de reapertura de la investigación penal.
Estamos frente a una verdadera telaraña judicial, que tal como describio el fiscal Rodriguez, fue tejida para consagrar la impunidad de los involucrados en el vaciamiento y venta del banco público de la provincia.
Hasta el momento, la Cámara Federal de Rosario, solo amonestó al juez Rodriguez por la “pasmosa lentitud” de sus acciones y el incorrecto procedimiento que aplicó para indentificar a los imputados y realizar en cada caso el cómputo de los plazos legales de la pretendida prescripción.
Los camaristas señalaron que en el cálculo de la prescripción no se deben computar los periodos donde los imputados desempeñaron algún cargo público.
Por lo tanto, el resultado de estos trámies procesales permitirá conocer la situación individual de cada imputado (algunos ya fallecidos) frente a la acusación, y a partir de este punto, resolver si la investigación penal puede seguir contra alguno de ellos.
Pero hay otros elementos que se sumarán al debate sobre la posible reapertura de la investigación. La acusación original es por delitos de “subversión económica” según la vieja ley 20.840 derogada en 2002. Definir una nueva acusación será motivo de nuevas controversias.
El otro tema es más complejo y pasa por resolver si el eventual juicio avanza por el antiguo procedimiento escrito (contemporaneo a los hechos investigados y a la primera imputación) o por el nuevo sistema oral y público.
Frente a semejante panorama de litigios, chicanas judiciales o previsibles dilaciones, no estaria de más comenzar a explorar si la justicia penal santafesina puede retomar la investigación y completar el trabajo contra la impunidad que realizó la Comisión Investigadora encabezada en su momento por Alfredo “Pichón" Nogueras.
Antes de su muerte, Nogueras publicó un libro llamado “Investigación del Banco de la Provincia de Santa Fe. Democracia o corrupción”. Allí quedó plasmada la visión de este emblemático dirigente santafesino sobre el trabajo de la comisión especial. “La institución investigada estuvo ganada, en algunos lapsos prolongados, por una corrupción generalizada, impulsada por la impunidad de que gozaban sus autores y que se puede constatar por la falta de reacciones políticas y judiciales, ante la anómala situación. A la Comisión no le quedó duda de que el estado económico financiero en que se encontraba el Banco al momento de la investigación, que no era para nada envidiable, era fruto directo de aquella corrupción generalizada, con responsables dentro y fuera del banco”.
Muchos de estos responsables, dentro y fuera del banco, siguen actuando en la política y los negocios de la provincia. El trabajo de la Comisión Investigadora es un formidable punto de partida para una pesquisa local. Quizas tengamos una oportunidad.
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