El sistema de medios de comunicación de la Argentina sigue gobernado por las reglas mercantiles que imponen los grupos concentrados que usufructúan las ventajas de las TICs. Esta realidad no pudo ser alterada por las políticas públicas de los últimos años que intentaron otorgarle al Estado un rol regulador acorde a las mejores experiencias internacionales de democratización de la comunicación. El ataque del gobierno MM a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual nos hace retroceder al escenario de 1990, cuando se liberó el sector de cualquier intervención estatal, y se inició el proceso de concentración y extranjerización de la circulación de mensajes en nuestro país.
Este el problema principal que enfrentamos tal como lo indica la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos que establece, en el principio 12, que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos.”
En este marco, la salida de Víctor Hugo Morales de Radio Continental, el vaciamiento del Grupo 23 y la eventual reconversión de los programas de PPT, se inscriben en el proceso de unificación del discurso mediático en respaldo del plan de gobierno de Cambiemos. No se trata de casos de censuras sino de graves limitaciones al derecho a la información de la población.
Que estos hechos se produzcan en el ámbito de las empresas privadas no lo quitan trascendencia política ni interés social. Que sean similares a otros despidos o ceses ocurridos durantes el kirchnerismo tampoco inhabilita su denuncia actual. Las coartadas para justificar cada una de estas situaciones, según el periodo de gobierno donde ocurrieron, eluden uno de los mayores condicionantes que tiene la democracia argentina: la concentración de los medios de comunicación y el desinterés de estas empresas por el bienestar general de la población.
Lo explica mejor la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva 05/85 donde indicó que: “[…] tampoco sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista .”
En la misma Opinión Consultiva, más adelante, añadió que: “[…] en los términos amplios de la Convención, la libertad de expresión se puede ver también afectada sin la intervención directa de la acción estatal. Tal supuesto podría llegar a configurarse, por ejemplo, cuando por efecto de la existencia de monopolios u oligopolios en la propiedad de los medios de comunicación, se establecen en la práctica “medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. " (OC-5/85)
Este es el escenario que se impondrá en la Argentina si no logramos restituir la vigencia de la Ley de SCA y defender la necesidad de políticas públicas que democraticen la comunicación y garanticen el derecho a la información de la población.
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