Juego sucio en el Parque Federal

La obra de la Estación Policial que se construye en el lado sur del parque contempla la demolición de un conjunto de viviendas ferroviarias donde habitan unas 50 personas con arraigo de 30 años en el lugar. La decisión de destruir las construcciones fue tomada por el Concejo Municipal de Santa Fe cuando resolvió la cesión del terreno al Gobierno de la Provincia. Los vecinos denuncian que ningún funcionario municipal los contactó y que la empresa contratista es la encargada de transmitir las amenazas de desalojo. El Estado elude sus responsabilidades con las personas y agrava la situación de vulnerabilidad de las familias del sector.

En la intersección de calle Luciano Torrent y Belgrano, hacia el interior del Parque Federal, existen dos conjuntos de antiguas viviendas ferroviarias donde habitan unas 20 familias, algunas con arraigo de 30 años en el lugar, integradas por adultos, niños y niñas y personas con discapacidad. 

Según refieren los vecinos, las viviendas cuentan con servicios formales de agua, electricidad e internet a nombre de los ocupantes, y a lo largo de los años fueron censados por personal de la Municipalidad en varias ocasiones.

Pero en diciembre de 2025, antes del recambio de autoridades, el Concejo Municipal de Santa Fe resolvió por unanimidad que esas viviendas sean demolidas para permitir la construcción de un sector de estacionamiento de vehículos, área de juegos y el ensanche de calle Luciano Torrent. 

De acuerdo al plano incorporado como anexo de la Resolución 25.621/25, el sector de las viviendas se encuentra bajo jurisdicción municipal y no forma parte del terreno cedido por la ciudad a la provincia para la construcción de la Estación Policial. Sin embargo, los concejales del oficialismo y la oposición de entonces, resolvieron que las viviendas sean demolidas para la ejecución de las obras de puesta en valor del Parque Federal.

En ningún momento la situación (y existencia) de estas familias fue considerada. Ni en el tratamiento de la resolución que resolvió la cesión del terreno ni en los preparativos de la licitación por parte del Gobierno de la Provincia.

Frente a este panorama las familias realizaron una presentación en la Defensoría del Pueblo solicitando la intervención del organismo para que las autoridades que correspondan informen los alcances del proyecto, el impacto que tendrá sobre las viviendas y la apertura de una instancia de diálogo que permita encontrar una solución al problema habitacional sin vulneración de derechos.

Lo cierto es que la estrategia de transmitir verbalmente una orden de desalojo usando el personal de la empresa contratista constituye una irregularidad grave y una delegación la capacidad de coacción estatal en actores privados.

Con esta modalidad el Estado no respeta las garantías mínimas del debido proceso y utiliza a la empresa constructora para generar un efecto de amedrentamiento informal sobre las familias.

De más esta decir que la empresa constructora no es una autoridad pública ni posee facultades de coacción o habilitación para realizar intimaciones. Esta forma de actuar del Estado municipal genera una situación de indefensión jurídica. Además, la notificación verbal impide a las familias conocer la autoridad emisora, el fundamento legal, el expediente de origen y, fundamentalmente, les impide accionar para defender su situación. 

La realización de una obra pública no otorga la facultad de ejecutar desalojos forzosos. En los hechos con este “modus operandi” el Estado agrava la situación de vulnerabilidad social y habitacional de las familias, provocando desarraigo (educación, trabajo, cobertura de salud, etc.) El interés público de la seguridad, no anula el derecho al hábitat, ambos deben coexistir y los funcionarios públicos debe ser los garantes de que esto suceda.