En el marco de la paritaria de FESTRAM y los gobiernos municipales se conoció que 50 intendentes tuvieron dificultades para pagar la segunda cuota del aguinaldo 2025. El dato fue revelado en Letra P y reforzó las alarmas sobre la delicada situación de los gobiernos locales para cumplir con sus obligaciones laborales y satisfacer las demandas de obras y servicios desde el inicio de los recortes presupuestarios de Milei y Pullaro.
Frente a este panorama, que tiene pronóstico de agravarse, el gobierno provincial empuja la alternativa de achicar la planta del personal municipal como salida al ahogo financiero. La propuesta lejos de solucionar el problema agravará la situación con previsible conflictividad social y deterioro de la capacidad de gestión en el territorio.
El panorama pinta para que 2026 sea un año de quiebre para los conflictos laborales y demandas acumuladas en pueblos y ciudades de Santa Fe.
Ahora bien, ¿por qué motivo los gobiernos locales cuentan cada vez con menos recursos propios?
Parte de la respuesta está en el sistema tributario provincial. Desde la primera gestión de Carlos Reutemann como gobernador, la provincia de Santa Fe viene disminuyendo la carga impositiva a la clase propietaria, y aumentando simultáneamente para compensar, los tributos que pagan los trabajadores en sus consumos a través del Impuesto a los Ingresos Brutos.
Veamos. En 1991 la recaudación del Impuesto Inmobiliario representaba el 24% de los recursos propios del Estado provincial, mientras que en la actualidad representa un insignificante 1,9%.
Como este tributo se distribuye 40/60 entre provincia y municipios, a medida que los propietarios eran beneficiados con la reducción de las alícuotas y el congelamiento de los avalúos, los gobiernos locales perdían recursos que no podían compensar. Esa situación los hizo más dependientes de aportes especiales de Provincia y Nacion para cumplir con sus funciones básicas o realizar obras.
Estamos hablando de miles de millones de pesos que se dejaron de recaudar por disminución de las alicuotas, exenciones y falta de actualización del valor de las propiedades para el cálculo del tributo.
Haciendo un ejercicio de imaginación política, si la recaudación del Impuesto Inmobiliario siguiera representando el 20% de los recursos propios del Estado provincial, en 2024 se hubieran recaudado $777.560 millones, de los cuales, $311.000 millones quedaban para la administración provincial y $466.000 millones se repartían entre municipios y comunas.
Mientras esta política pro-rico se ejecutaba los gobiernos locales enfrentaban con menos recursos las demandas crecientes de sus ciudadanos. Pero la influencia de los propietarios es tan poderosa que en la actualidad no se discuten las consecuencias de esta política tributaria en la provincia de Santa Fe.
La reforma tributaria que no fue
Durante los primeros gobiernos del Frente Progresista se ensayaron tímidos intentos de reforma tributaria que alcanzaron alícuotas y avalúos del Impuesto Inmobiliario. Los efectos de estas reformas fueron mínimos y fueron neutralizados por las gestiones de Miguel Lifschitz y Omar Perotti. Y el año pasado Maximiliano Pullaro terminó de eliminar los últimos resabios de la reforma tributaria de ensayada por Binner y Bonfatti entre 2010 y 2012.
Así lo reflejaba un informe del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, “en la reforma del 2010, se observó un incremento muy elevado en el nivel de recaudación que se reflejó en la tasa de crecimiento interanual. En 2012, la reforma se aprobó en septiembre pero se implementó sólo para el mes de diciembre por lo que el impacto total con respecto a 2011 es moderado (20 por ciento). En el resto de los años la recaudación de este impuesto fue estable y con variaciones interanuales menores al 10 por ciento. En cuanto a la estructura tributaria, la participación de este impuesto crece en los años de reforma pero no puede sostenerse en los años siguientes porque no se otorga continuidad a las políticas desarrolladas”.
En efecto, la disminución de la participación del Impuesto Inmobiliario en el total de recursos propios recaudados por la Provincia de Santa Fe es constante a pesar de las reformas introducidas en 2009 y 2012. Esto ha derivado en una creciente dependencia de la recaudación provincial de un impuesto procíclico como Ingresos Brutos (directamente relacionado al nivel de actividad económica), que representaba en el año 2007 el 70% de los ingresos propios y el 89% de los mismos en 2023.
Como se puede observar, la balanza de la justicia tributaria quedó muy desnivelada en la provincia de Santa Fe. En el escenario de la autonomía municipal, intendentes y concejales tienen la oportunidad de volver a poner en la discusión pública la necesidad de que las personas y las empresas contribuyan al sostenimiento del Estado de acuerdo a su capacidad económica.
En el mismo sentido, los legisladores del Frente Amplio por la Soberanía impulsan un conjunto de proyectos para comenzar a revertir esta insostenible injusticia.
Estas iniciativas se proponen introducir profundas modificaciones en el Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano tomando en consideración la variable de la concentración de la propiedad inmobiliaria. Se trata de avanzar hacia una mayor justicia tributaria, buscando diferenciar a los contribuyentes de manera progresiva e incremental según la acumulación de inmuebles que se registre.
Estas propuestas, y otras similares, apuntan al fortalecimiento de la estructura tributaria de la provincia en base a impuestos directos sobre el patrimonio que restituyan criterios de progresividad y justicia en el sostenimiento económico del Estado provincial.
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